Promulgan Ley 38-24 para proteger derechos laborales de periodistas en la República Dominicana

Promulgan Ley 38-24 para proteger derechos laborales de periodistas en la República Dominicana

Santo Domingo.- El Poder Ejecutivo ha promulgado la Ley 38-24, conocida como la “Ley que establece la cláusula de conciencia como protección de los derechos laborales en favor de los periodistas en la República Dominicana”. Esta ley, promulgada el 25 de julio de 2024 por el presidente Luis Abinader, refuerza la protección laboral de los profesionales de la comunicación en el país.

La cláusula de conciencia es definida en la ley como una prerrogativa que permite a los periodistas o comunicadores que trabajan de manera subordinada, poner fin a su contrato y exigir el pago de sus prestaciones laborales cuando la empresa de comunicación experimente un cambio en su filosofía informativa que contravenga los ideales bajo los cuales fueron contratados.

La ley detalla tres escenarios en los que los periodistas pueden invocar este derecho:

  1. Cambio notable y sustancial en la orientación de la publicación o programa, línea informativa o ideológica, que pueda afectar el honor, la reputación o los intereses morales del periodista.
  2. Cambios en la titularidad del medio que generen conflictos de naturaleza intelectual o moral.
  3. Cuando el periodista sea trasladado a otro medio del mismo grupo que suponga una ruptura evidente con su orientación profesional.

El ejercicio de la cláusula de conciencia implica la dimisión del periodista con derecho a una indemnización similar a la que corresponde al desahucio. Esta protección abarca tanto a empleados del sector público como privado, sujetos a distintos regímenes laborales.

El artículo 10 de la ley establece que el derecho a la cláusula de conciencia puede ser invocado según el procedimiento establecido en el Código de Trabajo para instituciones privadas, y a través de la Ley de Función Pública para los entes u órganos de la administración pública.

La cláusula de conciencia fue inicialmente reconocida como un derecho fundamental en la Constitución del 2010 y ahora, con la promulgación de la Ley 38-24, se consolida como una herramienta esencial para proteger la integridad moral e intelectual de los periodistas dominicanos.

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